La reforma establece prohibición general del uso de celulares en escuelas públicas y privadas desde preescolar hasta secundaria, mientras que en bachillerato y universidad se establece un marco normativo con enfoque en el uso responsable y pedagógico.
Las comisiones unidas de Educación y Estudios Legislativos del Senado de México aprobaron una reforma a la Ley General de Educación que prohíbe el uso de teléfonos celulares y dispositivos inteligentes durante la jornada escolar en escuelas de educación básica, abarcando tanto planteles públicos como privados desde preescolar hasta secundaria. Para el nivel bachillerato, se establece que las autoridades escolares deberán definir mediante asambleas los momentos en que se permitirá el uso de estos dispositivos. En educación superior, la reforma impulsa el uso responsable de tecnologías digitales dentro del aula, respetando la autonomía universitaria y administrativa.
Esta modificación institucional responde a la necesidad de mejorar la gestión educativa y la atención al alumnado, buscando minimizar distracciones y promover un marco legal que acompañe las acciones implementadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Durante el debate legislativo, se reconoció que la mayoría del personal educativo registra dificultades para mantener la concentración de los estudiantes cuando utilizan dispositivos móviles.
La senadora Carolina Viggiano, del PRI, destacó la importancia de incorporar la participación de niñas, niños y adolescentes en la definición de reglas, así como la necesidad de fortalecer la educación digital y efectuar evaluaciones anuales sobre los resultados de esta política pública. Además, enfatizó la salud digital al incluir orientación sobre internet seguro, detección de noticias falsas y prevención del ciberacoso, extendiendo este enfoque a las familias.
El senador Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, apoyó la medida pero llamó la atención sobre la importancia de garantizar capacitación docente adecuada y recursos suficientes, así como mecanismos para proteger datos personales y mantener canales efectivos de comunicación entre estudiantes y familias. Asimismo, sugirió establecer indicadores claros para evaluar el impacto y asegurar la proporcionalidad en las sanciones relacionadas con la regulación de dispositivos.
Esta reforma representa un avance institucional en la regulación del uso de tecnologías en el sistema educativo nacional, con miras a optimizar los procesos de enseñanza y fortalecer la gobernanza educativa en todos los niveles.
