En 2025, las demandas contra periodistas y medios se triplicaron en México, evidenciando un uso creciente del sistema judicial para limitar la libertad de prensa, lo que genera repercusiones en la gestión institucional y la gobernabilidad.
En 2025, México reportó 69 demandas contra periodistas o medios de comunicación, cifra que triplica la registrada en el año anterior, según datos de Artículo 19, organismo dedicado a la protección de la libertad de prensa. Este aumento refleja una tendencia global en la que se utiliza el sistema judicial como herramienta para restringir el ejercicio periodístico. Autoridades y juzgados emplean demandas como mecanismos legales para limitar la labor informativa, lo que representa un desafío para la gobernabilidad y las políticas públicas orientadas a la defensa de los derechos fundamentales. Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas, indicó que estas acciones generan la percepción de legalidad para silenciar a los medios, afectando la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras advierten sobre la creciente aplicación de leyes restrictivas en América, ejemplificada durante la administración del expresidente estadounidense Donald Trump, quien adoptó medidas legales y administrativas contra medios con contenidos críticos. En el contexto mexicano, este fenómeno se agrava con el aumento de asesinatos de periodistas; el Comité para la Protección de los Periodistas registra siete homicidios en el año, cinco de ellos en un periodo de menos de tres meses, configurando uno de los entornos más riesgosos para el periodismo en la última década. La experiencia del reportero Rafael León, del estado de Veracruz, quien enfrentó cargos por terrorismo y recibió respaldo institucional para la retirada de los mismos, ejemplifica cómo estas medidas impactan en el ejercicio profesional y generan autocensura, con consecuencias directas en la difusión de información relevante para la administración pública. La actual administración encabezada por Claudia Sheinbaum ha modificado el tono frente a la prensa respecto a gobiernos anteriores, pero la próximamente vigente regulación federal orientada a proteger los “derechos de las audiencias” ha generado inquietudes sobre posibles limitaciones en la libertad editorial, especialmente en el contexto electoral de 2027. Leopoldo Maldonado, relator especial de la ONU sobre libertad de expresión, alertó sobre los riesgos de normativas vagas que facultan a autoridades y jueces a intervenir en disputas periodísticas, lo que puede derivar en arbitrariedades y afectar la gobernanza democrática. Casos internacionales señalan que legislaciones similares en países como Turquía, Malasia y Singapur han provocado restricciones a la prensa, mientras que en regiones de África se emplean leyes antiterroristas para silenciar voces críticas. En América, el uso del estatus de “agente extranjero” como mecanismo para limitar a medios tiene precedentes en Rusia y genera preocupaciones para la política institucional de comunicación pública. Ante estas complejidades, Maldonado destacó la necesidad de fortalecer regulaciones para balancear el poder de las plataformas digitales y ampliar la participación ciudadana en defensa de la libertad de expresión. En Campeche, la Comisión Estatal de Derechos Humanos junto con activistas trabaja en iniciativas legislativas para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos, un ejemplo de respuesta institucional a esta problemática. Mientras algunos medios enfrentan limitaciones operativas y cierre parcial de sus espacios físicos, la presión judicial sobre el periodismo persiste, poniendo en entredicho la capacidad institucional para garantizar un entorno seguro y libre para el ejercicio periodístico, fundamental para la gobernabilidad y las políticas públicas transparentes.
