Familiares de víctimas de desapariciones en cuatro estados de México, junto con expertos que han colaborado con el Comité contra la Desaparición Forzada (CED), han expresado su preocupación por la negativa del Gobierno federal a permitir que el caso mexicano sea revisado por la ONU. Esta decisión, argumentan, representa una pérdida significativa de la oportunidad de recibir asistencia internacional para abordar la crisis de desapariciones que afecta al país.
Los denunciantes subrayan que la oposición del Gobierno a la intervención de la ONU no solo limita el acceso a recursos y apoyo, sino que también pone de manifiesto una falta de voluntad para investigar la posible implicación de actores estatales junto a las mafias en estos casos. Esta situación ha generado un clima de desconfianza entre las familias de las víctimas, quienes sienten que sus demandas de justicia están siendo ignoradas.
La crisis de desapariciones en México ha alcanzado niveles alarmantes, y la falta de acción efectiva por parte de las autoridades ha llevado a un aumento en la percepción de impunidad. La negativa del Gobierno a colaborar con organismos internacionales podría agravar aún más la situación, dificultando la búsqueda de justicia y verdad para las familias afectadas.
Fuente: Agencia ANSIC.MX