La Secretaría de Seguridad y fuerzas federales confiscaron equipos tecnológicos sofisticados que evidencian un aumento en la capacidad operativa de grupos delictivos en Sinaloa, representando un desafío para las políticas de seguridad nacionales.
La Secretaría de Seguridad y fuerzas federales mexicanas llevaron a cabo una incautación relevante en las inmediaciones de Mazatlán, Sinaloa, donde se aseguraron 15 drones equipados con cables de fibra óptica, controles especializados y auriculares, junto con 42 artefactos explosivos improvisados. Esta operación confirma el notable aumento en la sofisticación tecnológica de los grupos criminales, específicamente del Cártel de Sinaloa, que ahora dispone de drones de combate de tecnología avanzada similar a los empleados en conflictos internacionales. Los drones incautados cuentan con tecnología de fibra óptica que permite un control remoto resistente a interferencias, y su manejo a través de cascos de realidad virtual representa un desafío para la capacidad de intervención de las autoridades. Un día después, elementos policiales en la misma región aseguraron otros 80 artefactos explosivos destinados a ser acoplados a drones, una modalidad que se ha incrementado en ataques contra fuerzas de seguridad y grupos rivales. Además, se han difundido reportes que señalan la posible participación de miembros del Cártel en capacitaciones en zona de conflicto en Ucrania, donde se presuntamente reciben formación sobre operación de drones bélicos avanzados. Esta transformación tecnológica y táctica de los grupos delictivos demanda una respuesta coordinada entre las instituciones de seguridad y gobierno de México y Estados Unidos, que recientemente desarrollaron operativos conjuntos en la frontera sur estadounidense para impedir el uso de drones en actividades ilícitas. Pese a estos esfuerzos, la seguridad regional enfrenta retos, evidenciado también por recientes episodios de violencia como el ataque atribuido al Cártel del Golfo contra embarcaciones de la Guardia Costera estadounidense en el Río Grande, que activó un despliegue militar conjunto mexicano-estadounidense. La gobernabilidad y gestión pública en materia de seguridad requieren fortalecer mecanismos de inteligencia y control tecnológico para contrarrestar estas nuevas amenazas representadas por el uso de tecnología avanzada en el crimen organizado.
