La protesta por el acceso al agua potable derivó en un operativo policial con detenciones y denuncias de uso excesivo de la fuerza en Jalisco, planteando retos para la gobernabilidad y la administración pública local.
La protesta realizada el 11 de octubre en las inmediaciones de Casa Jalisco para exigir el derecho al acceso al agua limpia y potable, derivó en un operativo policial que derivó en la detención de más de 50 personas, según estimaciones de organizaciones civiles; las autoridades estatales reconocieron la detención formal de 39 manifestantes. Durante la intervención, se reportó el uso de gas lacrimógeno y agua a presión, con varios ciudadanos lesionados. Amnistía Internacional condenó las acciones y denunció violaciones a derechos humanos como el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, demandando a las autoridades estatales la rápida localización y presentación de las personas detenidas. La organización instó al gobierno de Jalisco a llevar a cabo una investigación profesional y expedita sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad, además de sancionar a los responsables. Se resaltó la necesidad de proteger el derecho a la protesta pacífica, resaltando que esta es una vía legítima frente a la falta de respuesta institucional ante el desabasto de agua en la zona metropolitana. Asimismo, se recomendó revisar los tipos penales aplicados para evitar la criminalización de la protesta social. Finalmente, se solicitó el restablecimiento de canales de diálogo entre las autoridades estatales, los organismos encargados del suministro hídrico y la población afectada para atender sus demandas y garantizar la gobernabilidad local.
