El gobierno estatal y dependencias federales implementan medidas para mitigar impactos en infraestructura y población ante lluvias intensas y vientos fuertes en las regiones afectadas.
Durante la noche del jueves 15 de octubre de 2026, el huracán Trudy se intensificó a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, ubicándose frente a las costas del Pacífico mexicano y afectando principalmente a los estados de Guerrero y Oaxaca. El fenómeno presenta vientos máximos sostenidos de 165 km/h y rachas de hasta 205 km/h, con desplazamiento cercano a las costas de Guerrero.
La circulación del huracán está generando condiciones propicias para lluvias muy fuertes a intensas, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros en regiones específicas de Oaxaca, especialmente en las zonas noreste y suroeste, así como en Guerrero, en las regiones oeste, sur y este. Además, se prevén rachas fuertes de viento y oleaje elevado de entre 2 y 3 metros en las costas de ambas entidades.
En respuesta, el gobierno de Guerrero ordenó la suspensión de clases en todos los niveles educativos, públicos y privados, como medida para salvaguardar la integridad de la comunidad estudiantil. Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) decretó el cierre de puertos a la navegación en puntos estratégicos como Puerto Escondido, Oaxaca, y estableció zonas de vigilancia y prevención debido a los efectos de vientos de huracán y tormenta tropical que afectan a estados vecinos.
Las autoridades nacionales, incluyendo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así como organismos internacionales como el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantienen vigilancia estrecha, advirtiendo que las condiciones en el Pacífico favorecen una posible rápida intensificación del huracán en los próximos días, con riesgo de que alcance una categoría superior.
Se recomienda a la población mantener seguimiento puntual a los avisos oficiales emitidos por Protección Civil y autoridades locales, además de reforzar las medidas preventivas ante riesgos de deslaves, desbordamientos de ríos e inundaciones en zonas bajas, a fin de minimizar impactos en la población y la infraestructura pública y privada.
