Informe conjunto revela que el 96% de mujeres candidatas en el proceso electoral 2023-2024 enfrentaron violencia de género, con impactos institucionales y retos para la gobernabilidad democrática.
Un análisis conjunto del Instituto Nacional Electoral (INE) y ONU Mujeres revela que el 96% de las candidatas al Poder Legislativo durante el proceso electoral 2023-2024 padecieron violencia política de género, evidenciando retos institucionales para garantizar la igualdad sustantiva. La violencia psicológica afectó al 95.1% de las mujeres, enfocándose en campañas de desprestigio, amenazas e intimidación que socavan su liderazgo. En el ámbito digital, cerca del 80% fueron blanco de ataques coordinados por bots y perfiles falsos, dificultando su visibilidad y legitimidad. Las agresiones económicas y sexuales fueron significativas, alcanzando 57.4% y 61.4% respectivamente, agudizadas en candidatas indígenas, donde la violencia económica trepa al 77%. La violencia física, que incluye agresiones directas y restricciones territoriales vinculadas en algunos casos al crimen organizado, fue señalada por el 20% de las participantes. El informe destaca que casi la mitad de los agresores provienen de las propias estructuras partidistas, con un 60% de casos donde las dirigencias son responsables de exclusión y hostigamiento. Además, las cargas no remuneradas de cuidado limitan la participación municipal, con 64% de candidatas afectadas y 77% reconociendo el impacto en su involucramiento político. La impunidad institucional prevalece: solo el 18% interpuso denuncias y apenas un 4% obtuvo resoluciones favorables, reflejando limitaciones jurídicas y administrativas en la protección de derechos políticos. Las autoridades subrayan que la paridad numérica no garantiza que las mujeres ejerzan sus cargos sin violencia ni deslegitimación. Los llamados institucionales apuntan a fortalecer mecanismos interinstitucionales de prevención y acompañamiento, integrando tribunales, partidos y plataformas tecnológicas. El informe subraya que, detrás de los avances legales, persisten estructuras de poder y violencia que obstaculizan la participación plena de las mujeres en la gobernabilidad. Frente a este contexto, la resiliencia de las candidatas es notoria, con un 83.6% dispuestas a postularse nuevamente, pero el estudio exige reformas efectivas para asegurar derechos políticos y fortalecer la institucionalidad pública.
