Datos oficiales revelan que más de 34 mil personas abandonaron sus hogares en Quintana Roo ante la amenaza del crimen organizado, mientras las autoridades estatales mantienen una respuesta institucional insuficiente.
La Encuesta Intercensal realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha documentado por primera vez el fenómeno del Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en el estado de Quintana Roo. Según el estudio, 34 mil 300 personas, agrupadas en aproximadamente 11 mil 800 hogares, abandonaron sus comunidades entre octubre de 2020 y octubre de 2025 motivadas por la violencia, la inseguridad y las amenazas del crimen organizado. Este fenómeno afecta tanto zonas urbanas como rurales y alcanza los principales polos turísticos del estado.
El registro oficial marca un reconocimiento fundamental ante años en los que este fenómeno fue relegado a categorías como “migración laboral” o “cambio de residencia”, lo que revela omisiones en los registros estadísticos y una falta de atención institucional frente a esta problemática. Frente a un aumento nacional superior al 140 % en los desplazamientos internos provocados por violencia en la última década, Quintana Roo refleja una problemática creciente y detectada tardíamente.
La gravedad de esta situación radica en la multidimensionalidad del desplazamiento, implicando la pérdida abrupta de viviendas, empleos, estructuras familiares y proyectos de vida. Expertos en derechos humanos señalan que el Estado tiene la obligación constitucional de proteger a los ciudadanos frente a amenazas del crimen organizado, cuestión que hasta ahora no ha atendido con medidas efectivas.
Además, la crisis afecta con mayor vulnerabilidad a mujeres y niños desplazados que huyen en solitario, quienes enfrentan riesgos de violencia de género, exclusión social y precariedad, agravando las condiciones de las comunidades receptoras que deben enfrentar presión sobre servicios públicos y conflictos derivados de la estigmatización.
Este fenómeno desafía la narrativa oficial que minimiza la crisis y cuestiona la vía turística como única prioridad, evidenciando la omisión del Estado en la formulación y aplicación de políticas públicas transparentes y eficaces para proteger a la población afectada. La situación demanda una revisión integral y un cambio en los mecanismos institucionales para atender y garantizar los derechos humanos en la región.
